El Presidente de la República, Sebastián Piñera, promulgó esta mañana la ley que sanciona como delito, con penas de presidio, el uso, venta y fabricación de fuegos artificiales, sin los debidos permisos; y a quien dispare injustificadamente armas de fuego, cohetes, petardos u otros proyectiles. Lo anterior, a través de una modificación a la ley de Control de Armas y el Código Penal.

Cabe destacar que la nueva normativa sanciona con mayor gravedad los delitos cuando, además, perturban la tranquilidad pública o infunden temor en la población. En el caso de los fuegos artificiales, las penas aplicables llegan hasta los tres años de presidio y multas de hasta 20 UTM. Mientras que, en las armas, asciende a hasta 10 años de cárcel.

El Intendente Cristóbal Jardua valoró esta iniciativa, recalcando que “sabemos cómo estas conductas causan daño en la población, ya que nos reunimos hace más de un mes con diferentes agrupaciones, tanto de familias de niños con espectro autista como animalistas, para llamar a celebrar el fin de año sin pirotecnia, entendiendo el estrés y angustia que esto les genera. Por eso esta ley viene a contribuir a dar tranquilidad a los vecinos, castigando severamente el uso ilegal de fuegos artificiales, ya no como una falta, sino como delito”.

En este sentido, también destacó que “uno de los ejes del Gobierno del Presidente Piñera ha sido la seguridad y el orden público, al igual que una de las prioridades de nuestra región. Hemos visto cómo los fuegos artificiales y las armas de fuego son mal utilizados en celebraciones, funerales o como instrumento para generar miedo en la comunidad y eso desde hoy será sancionado con cárcel y multas. Con esta nueva normativa, entregamos mayor seguridad a las familias, porque para quienes utilicen ilegalmente fuegos artificiales o disparen injustificadamente armas, se establecen penas de presidio y se endurecen las sanciones, combatiendo con toda la fuerza de la ley estas conductas”.

Esta ley se suma a una serie de otras iniciativas impulsadas por el Gobierno para combatir la delincuencia y resguardar el orden público, como el proyecto de ley de control de armas, de combate al narcotráfico y la reciente ingresada iniciativa contra el crimen organizado.